Alivio para los clubes: La Legislatura les suspendió las ejecuciones judiciales de inmuebles
Este miércoles por unanimidad, la Legislatura de Córdoba decidió extender la legislación vigente que protege los bienes de estas entidades hasta el 31 de marzo de 2025. El proyecto intenta mantener el funcionamiento de las entidades, ante las dificultades económicas que afrontan.
Este miércoles, durante la tercera sesión ordinaria del año, la Legislatura de Córdoba aprobó, por unanimidad, extender la suspensión de las ejecuciones judiciales de inmuebles que sean propiedad de asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro de la provincia de Córdoba hasta el 31 de marzo de 2025, cualquiera fuere su causa.
La iniciativa se trató el martes por la tarde y fue presentada por los legisladores Patricia Botta y Leonardo Limia, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Deportes. También había sido tratada en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
La sesión comenzó a las 18 horas y fue conducida por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Como en anteriores oportunidades, se extendió durante varias horas, hasta pasada la medianoche.
En la sesión, Botta tomó la palabra para fundamentar la necesidad de prorrogar por 12 meses la legislación y, así, ampliar el beneficio a las entidades debido a las dificultades económicas que afrontan para mantener su funcionamiento.
Todos los bloques políticos apoyaron la iniciativa, que se formalizará con la modificación de la Ley 10.003, sancionada en 2011. Esta legislación alcanza a cualquier acción judicial, cualquiera sea la causa o el motivo de su liquidación, y radicada en cualquier fuero, para evitar los remates de las propiedades de estas entidades en todo el territorio cordobés.
Con el proyecto, los legisladores intentan proteger a las entidades cuyo objeto social es la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias. La suspensión de remates de bienes de estas entidades aún está vigente, pero finalizaba el 31 de marzo próximo, razón por la cual urgía una prórroga.
