Especial: ¿Qué pasa con la Ley de alquileres?

Alquilar en la Argentina es un desafío, tanto para propietarios como para inquilinos. Mintras todo esto pasa en la vida cotidiana de las personas, en el Congreso los diputados y senadores, se tiran la pelota uno al otro para definir cambios en la ley actual.

Esta ley establece que los contratos tienen una duración de tres años y las actualizaciones se realizan anualmente en base a un índice promedio que se obtiene de sopesar el Índice de Precios al Consumidor y el índice de Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables.

Aunque esto mejoró la situación de los inquilinos, fue un dolor de cabeza para los propietarios, que aseguran que la inflación los dejó con precios de alquileres totalmente atrasados.

A su vez, los inquilinos aseguran que los montos de los alquileres son exorbitantes y no pueden pagarlos.

Es por eso que la Ley fue al Congreso, donde se presentaron dos proyectos de modificación.

Uno, del oficialismo, que pretende que la vigencia de los contratos sea de tres años, pero con actualizaciones semestrales, optando por el índice “casa propia”, que es más bajo que el de inflación.

Además, lo que se obtenga del cobro del alquiler de hasta dos propiedades, no abonará el concepto de monotributo que le correspondería.

El segundo proyecto, impulsado por Juntos por el Cambio, establece que el periodo de los contratos se reduzca a dos años y con aumentos cada cuatro meses. Para ello, se deja librado a las partes usar el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS). Claramente, aquí los propietarios impondrán su voluntad sobre los inquilinos, que son la parte débil de la cadena.

El Senado optó por darle dictamen a la iniciativa oficialista y ahora tendrá que volver a Diputados.

¿Qué pasa en la realidad?

En la actualidad, cuando comienzan a vencer contratos, muchos propietarios no quieren alquilar en base a la Ley “vieja” y definen estrategias fuera de la Ley para continuar alquilando, o deciden retirar sus propiedades del mercado de los alquileres.

Uno de los referentes inmobiliarios de la zona, que prefirió no dar sus datos, indicó que ellos no le están dando mucha “pelota” a la Ley actual y se definen estrategias de acuerdo entre las partes para definir los precios de los alquileres.

Sostuvo, además, que, en una ciudad pujante como Jesús María o Colonia Caroya, hay más carteles de “se vende” que de alquiler, por una razón muy simple: el monto que los propietarios reciben en concepto de alquiler no les alcanza, ni siquiera, para cubrir el mantenimiento de los edificios.

A su vez, el reclamo de los inquilinos es que deben destinar casi el 60% de sus ingresos al pago del alquiler, con lo cual, la situación es insostenible.

Hasta hoy, la Ley de Alquileres tiene un final abierto y hay millones de personas en el país que esperan que se pueda resolver sin perjudicar a ninguna de las partes.

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